Todos en Fabero saben de quién se trata, pero nadie pronuncia sus nombres. Esto vale tanto para las dos mujeres que arrendaron un piso donde fueron presuntamente filmadas por una cámara semioculta, como para el propietario del inmueble, que vive con su familia en Ponferrada. En todo caso, los hechos de «espionaje sobre la intimidad de las personas» fueron denunciados por las inquilinas de la vivienda ubicada en la primera planta de la calle Quevedo de la localidad de Fabero. Un hecho que se produjo cuando ambas descubrieron una cámara de vídeo semioculta en el baño del piso, por lo que presentaron la correspondiente denuncia en el Juzgado número seis de Ponferrada, que el pasado día 10 de noviembre era el que estaba de guardia. Es la escasa información que ha sido confirmada por la Subdelegación del Gobierno en León que, por otra parte, «no quiso aportar más datos del proceso».
A raíz de la denuncia, los agentes del puesto de la Guardia Civil de Fabero procedieron al traslado del arrendatario de la vivienda, que responde a las iniciales J.L.B.M., a las dependencias de los juzgados de Ponferrada donde prestó declaración sobre la denuncia interpuesta por las inquilinas del piso alquilado a éste en Fabero y donde presuntamente fueron filmadas en el baño.
El Juzgado número seis de Ponferrada lleva este proceso, que está bajo secreto sumarial. Al menos así se lo han indicado a este periódico ayer al preguntar sobre el caso.
La Guardia Civil de Fabero no quiso hacer ninguna valoración de los hechos. Lo mismo que en la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de León, donde tan sólo se limitaron a decir que el caso lo llevada la Policía Judicial. Pero en ningún momento mencionaron si eran agentes de la propia Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía, donde tampoco dieron respuesta.
Lo que pudo conocer ayer este periódico es que no se descarta la presencia de efectivos de la Brigada de Investigación de Informática de Madrid para participar en esclarecer lo que ha podido pasar en el piso de Fabero. Sobre todo si hubo grabación y si ésta ha sido subida a la red.
Otra de las piezas que no encaja en todo este proceso, según algunas fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, es quién controlaba el módem de la cámara si el arrendatario del piso vivía en Ponferrada. Una hipótesis que no descarta la «colaboración» o que la cámara no funcionaba.
Mientras la Policía Judicial hace las oportunas averiguaciones de los hechos, todas las personas de Fabero consultadas ayer por este periódico se negaban a hablar del caso. Incluso todas ellas eran conocedoras de quiénes se trataba, tanto del propietario del piso como de las inquilinas del mismo. Precisamente, una de ellas es profesora del instituto de la localidad y la otra empleada de una entidad bancaria.
Por su parte, J.L.B.M., propietario del inmueble y arrendatario del piso a las dos mujeres, vive desde hace algunos años con su esposa y sus dos hijas en Ponferrada. Mecánico de profesión, se fue haciendo paso en este segmento hasta montar su propio taller en Fabero, precisamente un local que está en el bajo del inmueble donde el primer piso fue arrendado a las dos mujeres. Todos en la localidad hablan bien de esta familia, que se trasladó a la capital del Bierzo al sufrir J.L.B.M. una incapacidad que lo apartó de la actividad laboral. Ahora, el proceso por el que ha sido llamado a prestar declaración en los juzgados de Ponferrada lo está llevando un importante despacho de abogados de la ciudad.
El mundo la cronica
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