El alcalde de Fabero, agredido y amenazado por varios taxistas

Esta noticia es del año 1979,no penseis,que es de ahora pero me ha parecido curiosa. Pincha aqui para verla.

El pleno del Ayuntamiento de Fabero, localidad minera de 8.060 habitantes, situada a unos treinta kilómetros de Ponferrada, ha presentado denuncia ante el Gobierno Civil y los tribunales por «supuesto delito de atentado» al actual alcalde, Felipe del Castillo, militante comunista, que a finales de la pasada semana fue agredido y amenazado de muerte por varios taxistas de la citada localidad, contrarios a la concesión de dos nuevas licencias de taxi.

El escrito, remitido por el pleno dando cuenta de una serie de incidentes ocurridos en Fabero durante la madrugada del domingo, fue recibido ayer en el Gobierno Civil con la petición de que le sean impuestas las máximas sanciones a los agresores.Según manifestó ayer a EL PAIS el señor Castillo, dos taxistas le abordaron a última hora de la noche del pasado día 24, cuando salía del Ayuntamiento, insultándole y amenazándole, en un intento de agresión que no llegó a tener consecuencias graves. Posteriormente, el alcalde y otro concejal fueron perseguidos por un turismo en el que viajaban «tres o cuatro personas», cuando se dirigían al puesto de la Guardia Civil para denunciar los hechos, lo que provocó un nuevo incidente en las proximidades del lugar. Finalmente, a las dos de la madrugada del domingo, un militante de UGT, José Luis Pérez Teijón, fue agredido por los mismos individuos, que le causaron heridas de arma blanca en la cabeza. Los hechos fueron denunciados públicamente el lunes durante un pleno extraordinario al que asistieron numerosos vecinos -alrededor de quinientos, según la alcaldía-, que tuvieron que seguir las incidencias del mismo desde la calle por medio de altavoces. Entre los acuerdos adoptados con la abstención de UCD, que cuenta con tres concejales frente a otros tres del PSOE y siete del PCE, figura la anulación de las licencias a los taxistas implicados en los incidentes; la iniciación de una querella judicial contra los mismos y la petición al Gobierno Civil de que se impongan las «máximas sanciones» por la agresión.
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