El cierre del lavadero de Uminsa llega a las Cortes

procuradora autonómica del PSOE Angela Marqués registrará hoy mismo en la Mesa de las Cortes de Castilla y León sendas preguntas para su contestación por escrito por parte del Gobierno regional que preside Juan Vicente Herrera en las que se interpela al Ejecutivo autonómico por las medidas adoptadas por la Junta en relación con el conflicto que se ha suscitado en torno al lavadero que Uminsa tiene en las inmediaciones de Fabero y cuyo cierre, por motivos de incumplimiento de la normativa de licencias, ha desencadenado uno de los conflictos laborales más agudos de la comarca en los últimos meses.
En primer lugar, Ángela Marqués se interesa por la situación en la que se encuentra la concesión de la preceptiva licencia medioambiental de estas instalaciones,y, en segundo lugar, por las medidas que tiene previsto aplicar la Junta de Castilla y León en defensa de los puestos de trabajo, no sólo del lavadero de la compañía minera, sino de toda la actividad minera de la cuenca Fabero-Sil, cuyos empleos dependen en una gran medida de estas instalaciones.
Según la procuradora del PSOE, “confiamos en que, al menos en esta ocasión, la Junta de Castilla y León esté a la altura que demanda el Bierzo y no vuelva a dejar colgados a un número importante de trabajadores de nuestra comarca”.
En todo caso, Marqués no quiere que se repita lo que ella califica de pasividad autonómica ante los conflictos laborales y empresariales de la comarca berciana. De este modo, asegura que “lamentablemente, tenemos recientes muestras de inoperancia por parte de este gobierno del señor Herrera cuando se ha tratado de tener que dar un paso al frente en la defensa de puestos de trabajo de alguna empresa berciana importante (Coiper)”.
El conflicto por el cierre del lavadero de Uminsa amenaza la seguridad de unos 200 empleos en la cuenca minera. Dicho conflicto se desencadenó a raíz de una denuncia presentada por los concejales de IU en el Ayuntamiento de Fabero contra el alcalde, Demetrio Alfonso, en la que evidenciaban la ilegalidad en la que se llevaba desenvolviéndose la actividad del lavadero durante más de una década y que el alcalde presuntamente habría amparado. Esta denuncia ha provocado que el alcalde de Fabero aparezca relacionado con un presunto delito de prevaricación que ya le ha obligado a prestar declaración en los Juzgados de Ponferrada.
LA CRONICA