Fabero ejecutará por la fuerza, en 48 horas, el cierre del lavadero de Alonso

El Pleno del Ayuntamiento de Fabero aprobó ayer tarde una moción para reclamar a la Subdelegación del Gobierno que disponga un operativo urgente que ejecute el precinto del lavadero Alicia, del grupo Victorino Alonso, por carecer de licencia ambiental.

La propuesta salió adelante sólo con los votos del grupo socialista, mientras que IU, formación que ha denunciado por prevaricación al regidor por permitir la actividad de la planta de Uminsa, se sumó al voto contrario del Mass. El PP se abstuvo

La decisión plenaria llega veintidós días después de que el Ayuntamiento precintase la instalación carbonera, que sin embargo no ha cesado de funcionar ni un momento. A través de la moción se requiere a la Subdelegación la paralización «en un par de días» al no disponer el consistorio de medios suficientes.

Según manifestó el alcalde, Demetrio Alfonso Canedo, en el requerimiento a la Sudelegación se solicitará que la fuerza pública que «custodie y vigile la instalación para que sea efectiva la paralización». Y apuntó que las soluciones para su reapertura «tendrán que procurarse por parte del grupo Victorino Alonso y la Junta de Castilla y León». La empresa tendrá que solicitar la licencia a la Junta, que es quien tiene las competencias medioambientales. Y será cuando se apruebe cuando el ayuntamiento le otorgue la licencia municipal, dijo Demetrio Alfonso.

Intercambio de golpes. La sesión transcurrió en tono acalorado y bajo el trasfondo de la amenaza del grupo Alonso sobre el empleo directo e indirecto que depende del lavadero. El portavoz de IU, Juan Carlos Alonso, responsabilizó del cierre y el posible expediente de regulación que afectaría a más de doscientos trabajadores, al alcalde.

Adujo que no hay ningún requerimiento de cierre del mismo por parte de la fiscalía y acusó al alcalde de pasividad a la hora de tramitar la licencia y buscar con la moción «tan solo quedar bien».

Los dos ediles del Mass pidieron la retirada de la moción y que se diese una prórroga para intentar legalizar el lavadero. Y acusó al grupo de gobierno de haber cobrado la tasa correspondiente a la licencia municipal de lavadero sin haber resuelto la misma.

El alcalde argumentó que por norma se paga la tasa por la licencia cuando se solicita, lo que no implica que la misma se llegue a dar si no presenta toda la documentación requerida. Demetrio Alfonso Canedo hizo hincapié en que a Uminsa se la había requerido la autorización ambiental por parte de la Junta de Castilla y León que es preceptiva para dar la licencia municipal.

Fabero ejecutará por la fuerza, en 48 horas, el cierre del lavadero de Alonso ( Diario de León - 23/02/2010 )